El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que las pymes y los autónomos no necesitarán contar con una clasificación previa para poder acceder a los concursos de las administraciones públicas sino que bastará con una declaración de que cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Estado.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, precisando que esta modificación normativa será introducida este miércoles a través de una enmienda que el PP presentará en el Senado a la ley de Factura Electrónica.
El objetivo de la medida es "favorecer que pymes (y autónomos) que hoy están obligados por la Ley de Contratos del Estado a tener una clasificación para poder concursar puedan presentarse a esos concursos y siempre que cumplan las condiciones del pliego" del concurso. "Favorecemos así que las pymes puedan ser proveedoras de la Administración", ha insistido.
Requisitos vigentes
Posteriormente, fuentes del Ministerio han precisado que los requisitos de estar al corriente de pago con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria, entre otros, seguirán vigentes, pero que ya no será necesario que las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores por cuenta propia tengan en su poder el documento que lo certifica, que de media tarda unos seis meses en expedirse. No obstante, las administraciones públicas podrán comprobar en cualquier momento que esas exigencias están satisfechas.
Asimismo, Montoro ha señalado que también se duplicarán los plazos de vigencia de las certificaciones de solvencia que las empresas que realizan obras públicas reciben, pasando de los cinco años actuales a diez ejercicios.
Esto permitirá que esas compañías cuenten con "mayores facilidades" para optar a concursos de obra pública a través de un certificado que garantiza su buen hacer en contratos anteriores. Estas dos medidas, junto con cambios normativos como la propia factura electrónica o la Ley de Deuda Comercial, que busca erradicar la morosidad y garantizar el pago de facturas en 30 días, permitirá que pymes y autónomos "puedan acudir a ser proveedores de las administraciones con más seguridad", ha concluido el ministro.
El Economista
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