La unidad de mercado liberalizará el trabajo de autónomos y profesionales

La recuperación del mercado único en España, una de las promesas de Mariano Rajoy en su discurso de investidura, será una realidad antes de final de año, al menos en lo que a su aprobación formal se refiere, y podrá entrar en vigor a lo largo del primer trimestre de 2013.

En principio, la intención del Ministerio de Economía es llevar la nueva Ley de Unidad de Mercado al Consejo de Ministros de la próxima semana, para su remisión inmediata a las Cámaras Legislativas.

La nueva Ley se inspira en lo que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, denomina “pasaporte autonómico”, fundamentado en los principios de licencia única y legislación de origen para garantizar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, pero también de los profesionales. Y esta es una de las principales aportaciones de la nueva normativa, la de habilitar a los profesionales que cumplan los requisitos fijados para el desarrollo de su actividad en su comunidad de origen para desempeñar sus servicios profesionales en cualquier punto del territorio del Estado.

Todos los sectores

Este cambio legal supone una práctica liberalización de la actividad de los trabajadores autónomos, profesionales y pequeñas y medianas empresas, y afectará a prácticamente todos los sectores de actividad, especialmente a electricistas, fontaneros y técnicos de cualquier rama industrial, de servicios y tecnológica, con exclusión de las profesiones colegiadas. Muchas de estas últimas, como los abogados, ya gozan de esta libertad de circulación dentro del territorio nacional y su regulación se regirá por la Ley de Liberalización de los Colegios Profesionales, en la que también está trabajando el Departamento que dirige Luis de Guindos.

La unidad de mercado es una de las demandas prioritarias del empresario español, y la nueva Ley que ya tiene ultimada el Ejecutivo pretende, en palabras del secretario de Estado de Comercio, “refundar el mercado interior para acabar con la maraña legislativa autónoma y local que supone un importante efecto disuasorio para la inversión extranjera y un freno a la competitividad y a la creación de empleo”.

A este respecto, los últimos informes de la patronal CEOE señalan que la falta de una unidad de mercado en España “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial” y estiman que tiene un coste de 45.000 millones de euros para la economía española.

Colaboración y no injerencia

El proyecto de Ley del Mercado Único ha sido consultado con todas las comunidades autónomas y los estudios que maneja la Administración Comercial muestran que Cataluña será la autonomía más beneficiada por la entrada en vigor de la nueva legislación, seguida de Madrid y del País Vasco, al ser las tres regiones españolas que tienen un sector industrial y de servicios más potente (ver gráfico). Estas tres comunidades suponen el 44,6 por ciento del Producto Interior Bruto de la industria española; el 43,7 por ciento del comercio, el transporte y la hostelería; y el 42,5 por ciento del PIB total a precios básicos de España.

Además, y con el objetivo de evitar invadir competencias autónomas que pudieran derivar en posibles recursos de inconstitucionalidad, la nueva ley se enmarca también en el principio de “colaboración y no injerencia”, y fuentes del Ministerio de Economía explican que “no debe existir motivo para la discrepancia porque las licencias las seguirán dando las comunidades, eso sí, ahora con validez para el conjunto del Estado y no sólo para el territorio regional”.

En realidad, añaden, “se trata de hacer realidad en España el principio de libre circulación de mercancías, personas y capitales que rige el funcionamiento de la Unión Europea y que la dispersión de normas, trámites y licencias hacía imposible en nuestro país”.

En este punto remiten al caso “absurdo pero real” de que hoy para hacer un encarte en un periódico de tirada nacional se necesita contar con 17 permisos autonómicos”. O el “más ridículo aún que es el de las máquinas tragaperras, que necesitan poner una barra diferente, según las comunidades, porque cada una exige diferentes requisitos de grosor o longitud, siendo el mismo producto”.

Desde el Ministerio de Economía y Competitividad se insiste también en que la nueva ley mejorará la competitividad y la seguridad jurídica en el conjunto del Estado, eliminará trámites burocráticos caros e innecesarios y para ello impondrá unas “máximas de actuación legislativa a todas las comunidades autónomas, con el objetivo de buscar siempre el beneficio de las empresas, de los consumidores y de los operadores económicos en general”.El Economista