Inseguridad jurídica e indefensión con el único fin de recaudar | Ésta es la
inédita denuncia que ha remitido la Asociación Española de Asesores Fiscales
(AEDAF) al Ministerio de Hacienda | El documento afirma que el fraude fiscal “no
puede seguir siendo la excusa, la coartada”, para el “recorte progresivo de los
derechos y garantías de los contribuyentes” | Los profesionales del sector
consideran que la nueva Ley Antifraude aprobada por el Gobierno
en 2012 y algunas de las subidas fiscales aplicadas por Cristóbal Montoro
erosionan el “Estado de Derecho” y vulneran principios esenciales para la
“seguridad jurídica”.
El texto, bajo el título Malos tiempos para la seguridad jurídica de los
contribuyentes, expresa la preocupación de estos profesionales por la
peligrosa deriva que ha adoptado Hacienda en los últimos meses para tratar de
aumentar la recaudación a toda costa, atropellando incluso derechos
esenciales.
[…] la profesión está absolutamente desbordada por lo que algunos llaman el laberinto normativo y profundamente desanimada ante las dificultades que se padecen para ejercer una función transcendente para la sociedad (incluida la Hacienda Pública), sin encontrar la menor disposición de los poderes públicos de retomar aquella senda de protección de los derechos de los contribuyentes que se atrevió a abrir un Gobierno del mismo partido que el actual, allá por el año 1996 y siguientes. ¿Quién se acuerda ya de aquello?
La denuncia de los asesores se centra en tres aspectos fundamentales: el
“deterioro” en la producción de leyes, la mala gestión de los órganos de
Hacienda y las graves deficiencias en la resolución de los recursos contra la
Agencia Tributaria.
A nivel normativo, señalan que “todo se ha puesto a las órdenes de la
recaudación”. En este sentido, la Ley Antifraude, el plan estrella de
Montoro para aflorar economía sumergida, “no ha dejado títere con
cabeza”: ampliación y potenciación de los supuestos de responsabilidad;
medidas cautelares para cualquier actuación administrativa, excluyendo la
posibilidad de recurso; obligaciones de información “exorbitantes”; gravámenes
de “rentas ficticias (de ficción) que escapan de la prescripción”; “sanciones
inaplicables por manifiestamente injustas”; grave deterioro de la tutela
judicial efectiva (derecho a la defensa) en materia de delitos fiscales,
etc.
Además, denuncian que el Gobierno ha consolidado el régimen por el que las
empresas anticipan el pago de impuestos a Hacienda (ingresos a
cuenta), el “recurso más fácil y más injusto” para aumentar la recaudación del
Impuesto de Sociedades. Alegan que este sistema está “cada vez más desconectado
de la capacidad económica” de la empresa, de modo que muchas pagan más de lo que
deberían. Asimismo, los asesores afirman que, para agilizar su cobro, Hacienda
se basa en la información que le procuran las nuevas tecnologías y en unas
medidas sancionadoras que, “además de su cuasi automatismo, hacen dudar si no
están pensadas para incrementar los recursos tributarios del momento, al margen
de lo que la ortodoxia fiscal impone”.
“Para colmo”, añaden, “se ha entrado de lleno en lo último que se resistía a
servir de instrumento de política tributaria de coyuntura, el Código
Penal, contraviniendo el principio de intervención mínima” y generando
“dudas insuperables” sobre la prescripción y el alcance penal de los delitos
fiscales. Según este organismo, la Ley Antifraude favorece “el
desplazamiento de poderes judiciales hacia la Administración
tributaria”, sin el sistema de recursos exigido y “con un evidente afán
recaudatorio”. Tales abusos ya fueron denunciados incluso por el propio Poder Judicial. “Ya no se trata de reprimir el delito fiscal,
una vez descubierto, […] sino de conseguir a toda costa el ingreso de la deuda
tributaria”, enfatiza AEDAF. Todo ello ha terminado convirtiendo la
profesión de asesor en una “actividad
peligrosa con escaso margen para la defensa”, indican.
Asimismo, por si todo esto no fuera suficiente, denuncian “la nula atención
que merecen las alegaciones y reclamaciones de los administrados ante los
órganos de gestión, de inspección o de recaudación”. A este respecto, los
asesores destacan que el resultado de los recursos “se conoce
de antemano”, ya que Hacienda emplea “un repertorio de respuestas
estereotipadas, en la mayoría de los casos, sin relación con las
alegaciones de la parte”.
Por último, se quejan de las graves deficiencias que presenta tanto la
revisión administrativa como judicial de los actos de Hacienda. Los órganos
administrativos sufren “enormes retrasos” a la hora de resolver y presentan un
elevado número de “desestimaciones”, mientras que la Justicia sigue siendo muy
lenta, con todos los perjuicios que ello supone para el contribuyente.
La Administración siempre ha visto al contribuyente como un “defraudador
potencial” y, además, España nunca se ha caracterizado por la transparencia
normativa en materia fiscal o la agilidad de los tribunales, “pero como reza el
dicho, siempre se puede empeorar”, concluye este grupo de expertos.
Creo que lo mejor que puede hacer el emprendedor valiente es plantearse marchar a países mas estables y con leyes menos confiscatorias. La deuda que tenemos y que asciende a cerca de 3 billones de € reales (deuda pública + deuda autonómica + deuda bancaria + deuda de la ciudadanía), que nadie piense que se va a solucionar en 2 o tres años, durará poco menos que duró salir de la deuda generada por la Guerra Civil, cuyo costo, en dinero actual, llegó a los 3 billones de euros actuales y tardamos mas de 30 años en medio salir del atolladero y con un Dictador que era mucho mas honrado que la caterva de políticos corruptos, de todos los colores, que hoy padecemos.
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